Informe propone un nuevo marco normativo para la integración social urbana, estableciendo garantías universales de mejores estándares urbanos nacionales, perfeccionando el mercado del suelo controlando la especulación y estableciendo normas de integración social aplicables al desarrollo urbano.

En el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), Luis Eduardo Bresciani, entregó este martes el informe sobre “Políticas de Suelo para la Integración Social”, que fuera encomendado por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo de 2014.

La propuesta elaborada por el CNDU, del cual forma parte la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, además de otras autoridades públicas, de la sociedad civil y de la academia, aborda integralmente las reformas prioritarias para atacar tres demandas ciudadanas y urbanas no resueltas en Chile:

1. La segregación urbana de los sectores más vulnerables dentro de ciudades y territorios, y su efecto en la exclusión social, violencia y estigmatización.

2. La desigualdad en la calidad de vida urbana entre comunas y barrios (Bienes Públicos), que agrava las desigualdades de ingresos, la segregación y el acceso a oportunidades.

3. La especulación del mercado del suelo, que no solo se traduce problemas de equidad urbana y transparencia, sino que crea distorsiones en los precios del suelo, escases de terrenos y presiones sobre el sistema público.

Al respecto, el presidente del CNDU, Luis Eduardo Bresciani, señaló que en el informe entregado “se integran, bajo una sola visión, un conjunto de necesidades y propuestas que plantean la urgencia frente a la condición presente de ampliar las potestades regulatorias del Estado para responder al presente de nuestras ciudades, pero también responder a las tendencias futuras. Son 20 propuestas con amplios detalles respecto al camino a emprender resumido en tres grandes ejes”.

El CNDU ha considerado que estas tres demandas anteriormente señaladas han llegado un punto crítico y que requieren un cambio de rumbo. Todos los consejeros, sin distinción, han establecido que esta debe ser una prioridad en Chile, pues, como sostiene la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Marzo, 2014), estos problemas “afectan toda la población, interpela además a nuestros valores y concepto de sociedad, y daña la competitividad y sustentabilidad de nuestras ciudades”.

Tras recibir el informe, la Presidenta Bachelet afirmó que éste “plantea los elementos esenciales que deben estar presentes en la planificación urbana si tenemos como meta el bienestar colectivo y la distribución equitativa de oportunidades de desarrollo. Desde nuestros hogares hasta nuestras ciudades, plantea los requisitos para habitar juntos con la finalidad de crecer juntos”.

Por su parte, la ministra Saball explicó que “lo más urgente e importante es generar un consenso nacional respecto de la importancia que el suelo tiene en materia de bienestar, calidad de vida, de integración social y de calidad de nuestras ciudades. Se trata de un tema relevante si queremos tener ciudades más inclusivas, que todos los habitantes tengan iguales oportunidades, el incidir en la disposición del suelo y en la garantía de que el suelo urbano pueda ser habitado por distintos sectores sociales”.

Cabe señalar que las propuestas elaboradas por el CNDU son medidas estructurales, pues implican reformas legales, institucionales y de inversión pública que van más allá de las actuales potestades del Estado y de los programas públicos en desarrollo por parte de los ministerios sectoriales.

Propuestas

Los objetivos centrales de esta Política de Suelo son lograr en forma simultánea ciudades con más equidad urbana, cohesión y diversidad social. Estos son una parte fundamental de otras reformas que discute el CNDU sobre (1) Nueva Institucionalidad Urbana descentralizada y (2) una modernización y democratización de la planificación y gestión de las ciudades.

Además, el informe del CNDU establece que la segregación social y desigualdad urbana tiene causas que deben ser atacadas simultáneamente, entre estas destacan: El funcionamiento imperfecto del mercado del suelo; la fragmentación de las decisiones urbanas y descoordinación entre políticas de desarrollo urbano (vivienda, infraestructuras, equipamientos, espacios públicos); la falta de estándares nacionales equitativos de infraestructuras, equipamientos y servicios exigibles a proyectos privados y públicos; la débil participación ciudadana en el desarrollo urbano; y la alta desigualdad de recursos entre comunas y ciudades.

Para abordar estas causas se proponen reformas estructurales que buscan afrontar el presente y prevenir que en el futuro se mantengan estas tendencias. Entre las principales medidas destacan:

EJE 1 / NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL URBANA

a) Establecer garantías universales de mejores estándares urbanos nacionales, aplicables a la formulación de la planificación territorial y a la provisión y mantención de bienes y servicios de uso público, exigibles a los proyectos públicos y privados. Esto nivelará el desarrollo urbano entre comunas, ciudades y grupos sociales, superando estándares obsoletos que datan de hace 30 años o depende solo de capacidad de financiamiento caso a caso.

b) Perfeccionar el mercado del suelo y controlar la especulación, limitando las excepciones tributarias que hoy generan desigualdad entre propietarios y fomentan la especulación de terrenos. Se propone corregir la avaluación del valor de la propiedades, las excepciones tributarias a los terrenos eriazos y terrenos urbanos en uso agrícola, y a la venta de bienes raíces, incrementando a su vez los fondos municipales al recuperar efectivamente las plusvalías creadas por las acciones del Estado.

c) Establecer normas de Integración Social aplicables al desarrollo urbano. Mediante permitir cesiones de suelo para fines sociales, Zonas de Interés Social con porcentajes de viviendas de interés público asociados al crecimiento urbano y establecer en los Instrumentos de Planificación Urbana la obligación comunal de cumplir con estándares de inclusión social

EJE 2/ ROL DEL ESTADO EN LA REGENERACIÓN DE LA CIUDAD SEGREGADA

d) Nuevo Rol gestor del Estado en el desarrollo de ciudad, mediante la creación descentralizada de Servicios Regionales de Desarrollo Urbano (SRDU) con amplias capacidades de desarrollo de proyectos públicos y planes de inversión, gestión del suelo y asociación público-privada. (En el espíritu de la extinta Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU).

e) Incrementar la inversión pública en Planes y Proyectos Urbanos de Remodelación y Regeneración Urbana. Priorización e incremento sustantivo de recursos para inversiones en proyectos emblemáticos de infraestructura y espacios públicos con fines de equidad urbana e integración social.

EJE 3 / NUEVO ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CIUDAD

f) Garantizar y financiar una participación ciudadana amplia en todos los planes y proyectos públicos, reglamentando la participación ciudadana en todas las escalas del desarrollo de la ciudad y el territorio, financiando la capacitación de líderes sociales y apoyo técnico a las organizaciones sociales y la participación de organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, cooperativas de vivienda, copropiedades de viviendas sociales y comunidades de barrios en el desarrollo de proyectos y planes de viviendas y barrios.